Es una realidad: República Dominicana avanza en la implementación de la facturación electrónica; esto como consecuencia de la reciente aprobación del proyecto de ley de facturación electrónica en el país.
Por lo tanto, se vienen novedades de la Ley de Facturación Electrónica en República Dominicana, que finalmente establece la obligatoriedad de esta modalidad de facturación para los contribuyentes, sean personas físicas o jurídicas.
De esta manera, el Gobierno se propone optimizar el sistema fiscal, a través de la facturación electrónica y mejorar el cumplimiento y la verificación tributaria.
La aprobación de la Ley de Facturación Electrónica se hizo efectiva en la primera sesión ordinaria del senado en 2023.
Fue así como miembros del senado nacional aprobaron este proyecto que establece la obligatoriedad de la facturación electrónica, tanto para personas físicas como jurídicas.
De manera general, y por concepto de la DGII, la facturación electrónica es una forma de facturación que permite el intercambio de facturas electrónicas en un formato estándar, más seguro e íntegro.
Así mismo, un comprobante fiscal electrónico (conocido como comprobante e-CF) es un documento electrónico que acredita la transferencia de bienes o prestación de servicios. Además, cuenta con una firma digital y cumple con la presente normatividad.
Precisamente, la DGII será la institución responsable de validar y dar seguimiento a las respectivas facturas y documentos tributarios electrónicos.
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Dicho proyecto de Ley General de Facturación Electrónica fue elaborado por el poder ejecutivo de la nación y fue depositado ante el Senado de República Dominicana el 13 de septiembre de 2022.
Posteriormente, durante la primera sesión ordinaria del senado, llevada a cabo el 10 de enero de 2023, se aprobó el proyecto de ley.
Actualmente, se estima que unas 300 empresas facturan electrónicamente en República Dominicana y se han emitido más de 100 millones de comprobantes fiscales en el país.
El proyecto de ley fue desarrollado por el poder ejecutivo y entregado al presidente del senado por parte de:
Sin embargo, esta ley es una de las varias iniciativas que buscan posicionar la administración tributaria dominicana como una de las más innovadoras en la región.
Con la aprobación de la ley culmina la etapa voluntaria de la facturación electrónica y comienza la obligatoriedad como tal.
Por tanto la facturación electrónica será fundamental durante este 2023 y los siguientes años, pues se trata del futuro de la facturación.
¿Quiénes están obligados a facturar electrónicamente en República Dominicana? De acuerdo con el Artículo 2 de la Norma General de la DGII, las personas y empresas obligadas a facturar electrónicamente por ley corresponde a quienes:
No solo aplica para la empresas obligadas a facturar electrónicamente en República Dominicana, sino que en general quienes incumplan o infrinjan lo establecido por esta ley, se exponen a multas de incluso cuatro veces el valor de la factura emitida fraudulentamente.
Junto a lo anterior, con respecto a facturas fraudulentas, incluso podrían existir penas privativas de la libertad, de entre uno y cinco años.
Por su parte, incurrir en delitos como el hackeo, podría implicar hasta diez años de prisión y multas de unos 400 salarios mínimos.
Ciertamente, adoptar la facturación electrónica es fundamental por un tema de cumplimiento y legalidad ante la DGII y en general.
Además, se trata de un mecanismo que facilita los procedimientos fiscales y tributarios y que igualmente tiene beneficios para las empresas en temas de automatización, orden y optimización.
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Si te preguntas cómo será el proceso de adaptación a la facturación electrónica en República Dominicana, ten presentes los plazos:
Todo ello a partir de la promulgación de la ley.
Para facturar electrónicamente, como contribuyente, debes acreditarte como emisor de e-CF, autorizado por la DGII.
Posteriormente, necesitas un sistema para generar documentos XML, que es el formato establecido para las facturas electrónicas, que cumpla con la normatividad.
Dicho sistema puede ser un facturador directamente de la DGII, proveedores certificados por la DGII o un sistema de desarrollo propio.
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